16 oct. 2015

ADMITEN QUE PELIGRA EL PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDO


La provincia podría dejar de pagar sueldos a todos los estatales si la Justicia insiste con embargos para pagar indemnización a los magistrados. Jorge Alcántara confirmó de esta manera el desmanejo financiero de la gestión Capitanich y los serios problemas que afrontará la próxima gestión.

Estatales chaqueños podrían no cobrar sus sueldos de fin de año y la segunda cuota del aguinaldo. La advertencia no es de un paracaidista opositor. Fue hecha por un hombre de la máxima confianza del gobernador Jorge Capitanich, el Fiscal de Estado Jorge Alcántara.
El funcionario que todavía espera por su ratificación legislativa dijo que los embargos judiciales por “el enganche” de los jueces ponen en riesgo de “paralización al Estado” porque hace peligrar el pago de sueldo de los trabajadores públicos en los últimos meses del año.
Alcántara confirmó que Koki le deja un campo minado a la siguiente administración ya que esos embargos suman 1.500 millones de pesos, de los cuales 900 millones ya tienen sentencia favorable y hay otros 600 millones que se resolverían a favor de los demandantes.
La preocupación del Fiscal en comisión es valedera, máxime en una provincia que -cada tres o cuatro meses- tiene que emitir entre 200 y 300 millones de pesos en Letras del Tesoro y hasta pedirle prestado a las provincias vecinas para poder pagar los sueldos de sus empleados.
El conflicto salarial judicial destapado por los privilegios que tuvo la candidata al Superior Tribunal de Justicia, actual Jueza de Cámara en lo Criminal Emilia Valle, para cobrar su indemnización de casi dos millones de pesos y el pedido de informe del diputado oficialista Daniel Trabalón -rechazado por los legisladores del bloque justicialista y algunos aliados- amenaza con llevar a la provincia la cesación de pagos.
El desbarajuste creado por Koki y sus funcionarios afecta el financiamiento de servicios básicos como la salud y educación, ya que Alcántara admitió que los embargos de los jueces apuntan a esas cuentas específicas.
El funcionario argumentó que hace falta una ley de pago plurianual de estos embargos y consideró que 1.500 millones es una suma inmanejable en función a lo “exiguo de los recursos del Estado”.
El Fiscal de Estado anunció que la certificación de embargos por ocho millones de pesos “pone en jaque” a la administración, lo que habla a las claras de la fragilidad de las cuentas oficiales que heredará Domingo Peppo a quien le tocará bailar con “la mas fea”, ya que será él quien tendrá que lidiar con los reclamos de los jueces que esperan llevarse para mediados del año que viene unos 1.532 millones de pesos para sus bolsillos.
Claro que Koki no sólo le deja la cuestión financiera con problemas porque si la provincia entra en cesación de pagos, tal como advierte Alcántara, también habrá una profundización de los conflictos gremiales que nunca cesaron y que tuvo en estado de semiparalización a toda la administración pública.
Esos conflictos se solucionan con efectivo contante y sonante, si el “cash” no está porque se la llevaron los jueces y los trabajadores judiciales que hicieron reclamos legitimados por fallos del Superior Tribunal de Justicia será Peppo el que tendrá que poner la cara ante los empleados y los ciudadanos si se concreta la “paralización del estado” con la que amenaza Alcántara.
Todo esto deja en claro que Koki espera que todos los conflictos provinciales se agraven en los próximos años para instalar la idea de que sólo él puede administrar bien y de esa forma condicione al futuro gobierno provinciales porque a esta deuda de 1500 millones hay que sumarle otros 2000 millones de deuda con los proveedores y nadie sabe cuántos cheques de pago diferido (voladores) y por cuanto monto, firmó y firmará; de aquí al 10 de diciembre el Koki Capitanich que llega a una intendencia sin deudas ni embargos judiciales.

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