29 oct. 2015

EL GOBIERNO DEL CHACO "HEREDA" UNA DEUDA DESCOMUNAL


Una estela de cadáveres de niños pobres, funcionarios  forzados a renunciar por ejecutar la muerte de un dirigente social y una descomunal deuda doméstica de 4.000 millones de pesos es lo que deja la despedida de Jorge Milton Koki Capitanich del poder provincial y esa es la pesada herencia que recibirá Domingo Peppo.

Camila Penalver; Yamila Sánchez y Ángel Verón son víctimas fatales de distintos motivos provocados por una misma causa: la avaricia de los funcionarios del gobierno de Jorge Milton “Koki” Capitanich que sólo se preocupan por hacer buenos negocios privados con fondos públicos, con la bendición del mandatario que, además, se va dejando una deuda descomunal que deberá resolver su sucesor.

Hay señales claras que ponen de relieve el grado de descomposición política e institucional en el que está inmersa la provincia tras 8 años de manejo discrecional de los fondos públicos y la ausencia de políticas sociales “sistémicas”, para usar una de las palabras preferidas por Capitanich en sus floridos discursos y mentiras que lo presentan como un contador eficiente.

Las tres muertes mencionadas eran evitables. La de las dos niñas con políticas sociales orientadas a prevenir esas tragedias. La del dirigente social limitando la permisividad política y judicial para con policías violentos que, en determinadas circunstancias, tienen licencia para secuestrar jóvenes, torturar y hasta matar justificados en instructivos y leyes que criminalizan la pobreza promocionadas por el gobierno de Capitanich.

Renuncias forzadas
Las dimisiones difundidas por los medios que actúan de voceros oficiales exponen la verdadera política de seguridad del gobierno kirchnerista de Chaco. Lamentablemente tuvieron que asesinar a un dirigente social para darse cuenta que criminalizar la pobreza no rinde.
No alcanza con estos alejamientos, el ministro Javier Oteo, el secretario de Seguridad Marcelo Churin, el Jefe de Policía Gustavo Peña no sólo tienen que pagar con su designación en otros ámbitos del Estado o un prematuro pase a retiro, deben ser sometidos a todo el rigor de la ley que penaliza el homicidio cometido.

Evidentemente Koki no quiere entregar a todos los responsables de la política oficial destinada a criminalizar la pobreza. Su delfín y protegido, Mauro Flores, seguirá como Subsecretario de Seguridad, evidentemente sus patoteadas a periodistas y otras acciones dan sus frutos y sigue gozando del beneplácito del gobernador.
El Fiscal de Derechos Humanos Daniel Turraca tiene, con este caso, una oportunidad de redimirse por haber homologado -durante muchos años- la política represiva y el comportamiento de grupos de tareas que instrumenta el personal destinado en las comisarías de los barrios pobres.
Debe procesar y juzgar a los responsables para poner coto al comportamiento delictivo de quienes llevan uniformes y portan armas en nombre del Estado. Además tiene la obligación de investigar los encierros en celdas solitarias sin baños en las que se someten a menores, jóvenes hayan delinquido o no, a tratamiento similares a los utilizados durante la dictadura; tal como los señalan antecedentes que obran en innumerables expedientes que se tramitan en su propia dependencia.

Deuda e ineficiencia administrativa
En la anunciada cumbre para negociar la transición el gobernador y sus funcionarios del área económica blanquearon que dejan un Estado provincia endeudado. Destacaron la adhesión del gobierno provincial al Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, por el cual se canjean los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional por la deuda local con la Nación, ratificada en 5.300 millones de pesos.
Nada dijeron Capitanich, el ministro Federico Muñoz Femenía y el presidente del Banco del Chaco Diego Arévalo sobre la deuda doméstica que heredará Peppo, que al parecer ya no le cabe una foto junto al gobernador porque envió a la cumbre a Rafael González un operador político que es el “coordinador” designado por el mandatario saliente y el entrante.
Esa deuda doméstica ya tiene consolidados en expedientes judiciales 1.555 millones de pesos destinados a jueces provinciales que no tienen problemas en embargar fondos específicos de programas sociales, educativos y obras públicas. Hay otros 500 millones de pesos que reclaman, desde hace 20 años, los trabajadores de Poder Judicial y a eso se suman otros 2.000 millones de pesos de deuda con proveedores del Estado y varios centenares de cheques de pago diferido que Koki está firmando antes de irse a la Municipalidad.

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