5 jun. 2017

CHACO: GRAVES IRREGULARIDADES EN LA VENTA DE TIERRAS FISCALES Y MANEJO DEL MONTE NATIVO



La compra de grandes extensiones de tierras fiscales  a precios promocionales,  que no llegan al  20% de los valores  reales vigentes en el mercado inmobiliario privado  chaqueño, ha sido  la forma en que se instrumentó el saqueo de las tierras públicas rurales. Esta es y ha sido la matriz.

El caso de Alberto Esteban Verra, hasta ahora no investigado por ningún organismo del Estado, así lo corrobora. El 6 de agosto del 2013 París firmó la Resolución de venta de 4999 hectáreas a favor de Verra. Siete meses después, el exgobernador Capitanich ratificó la venta a través del Decreto Nº 2121, que dictó  el 16 de septiembre de 2013.
Verra se quedó con tierras fiscales bajo esa forma amañada de venta, que tiene parecida  modalidad al paradigmático caso de la presidente de la Asociación de Productores Forestales, Ana Hupaluk,  quién fue investigada por la Fiscalía de Investigación Administrativa (FIA), que se pronunció el 25 de abril pasado dictando la Resolución 2071,  en la que describió las múltiples irregularidades que se produjeron en Colonización cuando le vendieron a Hupaluk 4783 hectáreas de tierras fiscales a precios promocionales. En la actualidad el predio rural  fue totalmente desmontado, violándose todas las normas legales para provocar un gran daño ambiental.
Otras operaciones de ventas también fueron realizadas irregularmente por el Instituto de Colonización en un largo proceso que terminó por convertir a ese organismo en una inmobiliaria rural para despojar a los chaqueños  de su  último patrimonio común y estratégico.
París no escuchó 
El contador John París, cuando fue presidente de Colonización durante la gestión del ex gobernador Capitanich,  ordenó iniciar el Expte. N° 33/13 para  adjudicar en venta  4999  hectáreas y algunas áreas a favor de Verra. El trámite   administrativo fue  irregular, por fuera de las pautas básicas establecidas  en la estructura y funcionamiento de Colonización, según   la Ley de Tierras Públicas.
París desatendió el correcto requerimiento que le transmitiera  la Dra. Karina Ayala, a cargo del área    Banco de Tierras. Esta funcionaria claramente resaltó que  Verra no había presentado la documentación necesaria para pretender que se le adjudicara tierras públicas en venta. No  acreditó certificado de domicilio o residencia, actas de vacunación y otros recaudos que rutinariamente debe exigir el Instituto ante cualquier solicitud de adjudicación.
Planes especiales y dudosas factibilidades
Verra presentó  documentación en la que  se puede comprobar que todos los domicilios que declaraba  estaban   en Bs. As., factor que debió determinar el rechazo –de plano- de su aspiración a quedarse con tierras fiscales.  Daniel Gaona, presidente de la Cámara de Turismo del Chaco y simultáneamente contratado de obra de Colonización,  utilizaba    un sello con firma aclaratoria del Instituto. Realizó pases administrativos en el expediente Verra. Violó claras normas de procedimiento  establecidas en las leyes 1140 y 2017. Lo llamativo fue  que los asesores legales de Colonización no  detectaron  las evidentes irregularidades acumuladas en el trámite.
El Dr. Carlos Andrada, quién  otorgó factibilidad a la irregular adjudicación en venta que pidiera Ana Hupaluk (existe una causa judicial en etapa probatoria), creó en Colonización  una “hipotética factibilidad” para tratar de fundamentar la adjudicación en venta de tierras fiscales a Verra, quién con una carta certificada que fue despachada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A) declaró que eran de su propiedad  las mejoras incorporadas en 500 hectáreas del predio fiscal  rural.  La Dra. Gabriela Alonso, funcionaria influyente sobre los Presidentes de Colonización, avaló los argumentos esgrimidos por el Dr. Andrada y también consideró que era factible la adjudicación en venta a favor de Verra  a través de  un “plan especial”, que luego advertimos que violaba el procedimiento legal.
Empresarios compraron tierras públicas a precios promocionales
A nadie le preocupó que se violaran los postulados  de la Constitución chaqueña respecto a quienes debían adjudicarse las tierras públicas. El poder político cerró los ojos o abrió sus intereses frente a  Alberto Esteban Verra, que es un importante empresario argentino. Por su intensa y multifacética  actividad empresaria, a Verra le resultó  imposible realizar  una explotación y la ocupación de la tierra fiscal que compró, que es un requisito  fundamental para ser adjudicatario en venta o preservar la adjudicación después de que se la concede, hasta el momento de la titularización.
Alberto Esteba VERRA figura como miembro del grupo empresario cuya nave mayor es Benito Roggio e Hijos S.A. También figura como presidente de CCLIP S.A, SEHOS S.A, TRANELPA S.A DE INVERSION, y como vice presidente de AGUAS CORDOBESAS S.A y   PANAMA S.A,.
Adalberto Omar Campana, quién también se beneficio  a través de la adjudicación irregular de grandes extenciones de tierras públicas a precios promocionales,   ha sido investigado por la FIA. Es parte del mismo grupo empresario. Figura como presidente de HAUG S.A, vice presidente de CCLIP S.A, director titular de SEHOS S.A, director suplente de CVI S.A. (concesionaria vial) y  director suplente de TRANELPA S.A (de inversión), según bancos de datos disponibles.
Desmonte total en  “Las Palmeras”
Se supone que Verra posee aproximadamente 15.000 hectáreas en el Departamento Almirante Brown. Tiene un moderno establecimiento de 4999 hectáreas, al que incorporó tecnología y extendió su superficie comprando adjudicaciones y mejoras. El emprendimiento   es conocido como “Las Palmeras”, ubicado al noreste de Taco Pozo. 
Desmontaron más de 7.500 hectáreas en el Establecimiento Las Palmeras, ubicado en zona amarilla, donde está prohibido desmontar, según el mapa de zonificación de la OTBN. Para tener una idea de la magnitud de la intervención contra el monte, vale la pena señalar que la superficie es equivalente a  6944 canchas de fútbol. Este mega-desmonte fue  denunciado por Greenpeace, que aportó imágenes reveladoras, capturadas el  6 de enero de 2012, desde una altura de 556,63 metros.
El 9 de diciembre de 2013 la ingeniera Inés Aguirre visitó  el Establecimiento “Las Palmeras”, cumpliendo la orden judicial  dispuesta por la Dra. Iride Isabel Grillo, cuando era titular del Juzgado Civil Nº 6 de Resistencia, en el marco del control de cumplimiento de la sentencia que había dictado en el expediente Nº Expte. Nº 1754/04, iniciado por las asociaciones comunitarias indígenas de Comandancias Frías, Misión Nueva Pompeya y Nueva Población  con el propósito de preservar el monte nativo chaqueño y la biodiversidad de sus territorios. En ese expediente el Centro Mandela intervino como amigo del Tribunal, por decisión de la juez Grillo.
La Ingeniera Aguirre informó al Tribunal que si bien no pudo ingresar para constatar la correspondencia entre la foto aportada por Greenpeace  y verificar el tipo de intervención que se ejecutó contra el monte, pudo realizar su tarea de relevamiento preliminar desde los caminos perimetrales. Constató que “existían desmontes en el interior del predio a lo largo del recorrido que hizo. Refirió que existían cortinas de bosque nativo, trazados  en forma longitudinal y transversal, las que no impedían la visualización de los desmontes debido a que eran poco densas y las transversales estaban desmontadas en su parte media”. Aportó fotos georreferenciadas del lugar. Las imágenes que tomó fueron complementadas  con  la ubicación geográfica del punto de captura.  
La Dirección de Bosques y un caso explosivo
La Dirección de Bosques, a pesar del requerimiento del tribunal a cargo de la Dra. Grillo, no presentó el Acta de Constatación que debió confeccionar a partir de la gravedad de la denuncia pública efectuada por Greenpeace. Tampoco informó si abrió un expediente, si otorgó algún permiso y si labró infracciones. En cualquier caso, el desmonte fue realizado violándose  las pautas básicas de la  Ley de Bosques porque se ejecutó en una zona donde estaba y está  prohibido desmontar, poniendo en evidencia la pesada burocracia, la marcada ineficiencia, tráfico de influencia y la corrupción fuertemente instalados en la Dirección de Bosques. 

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