3 jun. 2018

DANIEL CAPITANICH CITADO POR EL JUEZ BONADÍO



La lista llega a los cien ex y actuales jefes y jefas comunales provenientes de las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones y también del Chaco.


Según publicó la revista La Tecla, los chaqueños citados son: Claudia Panzardi (Laguna Blanca); Mateo Daniel Capitanich (Campo Largo); Gustavo Karasiuk (Pampa del Indio); Ángel González (Capitán Solari); Francisco Winnik (La Escondida); Alfredo Pastor (Du Graty); Gustavo Steven (Santa Sylvina); Carlos Andión (Pampa del Infierno); Hugo Sager (Puerto Tirol); Walter Correa (Fuerte Esperanza); Alicia Leiva (Colonias Unidas); Eladio Aguirre (Charadi); Elba Lezcano (Samuhu); Jorge Batalla (Presidencia Roca); Aldo Leiva (General San Martín); Susana Simonfski (Villa Ángela); Gerardo Cipolini (Sáenz Peña); Jorge Rodriguez (Vedia); Oscar Alberto Nievas (Castelli); José Carbajal (La Leonesa); Gustavo Palacios (Tres Isletas); Pedro Bodnarczuk (Chorotis); Lorenzo Heffner (Bermejito); Héctor Vega (Machagai); Carlos Ibañez (Taco Pozo); Pedro Maidana (Colonia Elisa); Antonio Rodas (Fontana); Estela Mitoire (Eduvigis); Diógenes Requena (Hermoso Campo); Rosario Ávalos (Eva Perón) y Alfredo Zamora (Quitilipi).

Panzardi será la primera en declarar. Está citada para el 28 de agosto. En tanto que el último será Alfredo Zamora, quien tiene fecha para el 26 de octubre.
Las citaciones a los intendentes tendrán por objetivo “saber dónde está la plata que no está en las tareas proyectadas” en el plan de residuos, contaron fuentes tribunalicias.
Cabe recordar que el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos demandó 604.529.670 pesos y se cree que es la suma de la defraudación. Para el Juez Bonadío, hubo una “transferencia irregular de sumas de dinero de las arcas del Tesoro a municipios” para lo que denominó “supuestos proyectos” de remediación ambiental.
En la citación a indagatoria, se señaló a los intendentes como “partícipes de las maniobras” investigadas y se señaló que gran parte de los municipios “no cumplieron con lo acordado” en la aplicación de fondos.
Los fondos correspondientes se giraban desde la Nación hacia los municipios. Los convenios eran aprobados por el Jefe de Gabinete para finalmente, transferirse el dinero al municipio requirente.
Durante los tres años que se investigaron, se presentaron 634 solicitudes, pero sólo 212 culminaron con las respectivas transferencias del dinero, señaló el juez Bonadio. “La Ciudad de Buenos Aries, Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego no recibieron asignaciones de fondos; y sin embargo, municipios de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja obtuvieron el 79% de los fondos asignados por el proyecto, siendo que tres de estas provincias generaban un mínimo porcentaje de residuos a nivel nacional”, indica su resolución.
La causa comenzó con la denuncia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del ministerio de Medio Ambiente, después de un informe realizado por la SIGEN que detectó varias irregularidades: carencia de un mapa crítico de las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas de gestión de residuos sólidos, incumplimiento de requisitos exigidos para acceder al programa, falta de control interno en la ejecución de los proyectos, modificaciones e incumplimientos en la realización de las obras, entre otros puntos.
El programa tenía el objetivo mejorar la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos (la basura domiciliaria), a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país. Se buscaba la eliminación de basurales a cielo abierto, la construcción de rellenos sanitarios o la ampliación de rellenos existentes, el montaje de plantas de separación y reciclaje de residuos sólidos urbanos y la adquisición de equipamiento complementario.
 La denuncia
La causa comenzó con la denuncia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del ministerio de Medio Ambiente, después de un informe realizado por la SIGEN que detectó varias irregularidades: carencia de un mapa crítico de las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas de gestión de residuos sólidos, incumplimiento de requisitos exigidos para acceder al programa, falta de control interno en la ejecución de los proyectos, modificaciones e incumplimientos en la realización de las obras, entre otros puntos.
El programa tenía el objetivo mejorar la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos (la basura domiciliaria), a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país. Se buscaba la eliminación de basurales a cielo abierto, la construcción de rellenos sanitarios o la ampliación de rellenos existentes, el montaje de plantas de separación y reciclaje de residuos sólidos urbanos y la adquisición de equipamiento complementario.

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